España intentará sacar adelante el próximo 27 de mayo la oficialidad del catalán, gallego y euskera en la UE

El reconocimiento del catalán, gallego y euskera como lenguas oficiales de la Unión Europea volverá el martes 27 de mayo a la mesa de los Veintisiete a petición del Gobierno, que ha solicitado que su oficialidad –para la que se requiere unanimidad– se someta a votación en la reunión de ministros de Asuntos Generales de la UE.

Según consta en el borrador de la agenda de la reunión y han confirmado después fuentes oficiales a Europa Press, el asunto figura como un punto para la “adopción” de una “modificación del reglamento que determina las lenguas de uso por la Comunidad Económica Europea”, aunque no han trascendido aún los detalles de la propuesta que se pondrá sobre la mesa de los ministros.

En todo caso, será la segunda ocasión en que España intenta la oficialidad del catalán desde que pactó esta reforma con Junts como parte del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, pero de prosperar será la primera en la que los ministros llegan a celebrar la votación.

La primera ocasión, en septiembre 2023, cuando España fijaba la agenda del Consejo en tanto que presidencia de turno europea, el asunto figuró igualmente como punto para adopción pero ante la falta de apoyos se optó por dejarlo únicamente en debate y no se llegó a someter a votación.

El Gobierno ha intensificado los contactos con las capitales para buscar apoyos y defiende la especificidad del caso español con tres lenguas regionales cooficiales y planteó una aplicación gradual, empezando únicamente por el catalán.

Para superar las reservas de sus socios, España se ha ofrecido a asumir todos los costes que supondría el uso de las tres lenguas en las instituciones –a pesar de que el reglamento establece que el reconocimiento implica financiación comunitaria–, aunque por el momento no se ha puesto cifra a lo que supondría.

En diciembre de 2023, la Comisión Europea ofreció una estimación de 132 millones de euros al año (44 millones por lengua) pero avisó de que era un cálculo muy preliminar basado únicamente en la experiencia previa del gaélico.

España también cuenta como argumento con que ya existen “arreglos administrativos” en el seno del Consejo y de la Comisión Europea, entre otros organismos de la UE, que permiten la traducción de muchos de sus documentos a las lenguas cooficiales. Aunque no hay un régimen equivalente en el Parlamento Europeo, el Gobierno también trabaja en este frente y, tras solicitárselo a la presidenta de la institución, Roberta Metsola, está siendo evaluado.

Tras el semestre español, el asunto sólo ha vuelto como punto de información al debate de los ministros en una sesión bajo la presidencia de turno que ejerció Bélgica en marzo del pasado año. Entonces, España quiso hacer balance de la situación en un punto que apenas duró diez minutos, según indicaron diversas fuentes diplomáticas.