España se ha visto forzada a renunciar a la petición de someter a votación este martes su propuesta para reconocer el catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la UE, después de que varias delegaciones insistieran en que es prematuro pronunciarse sobre un asunto sobre el que apenas se ha debatido y sobre el que persisten serias dudas sobre su encaje legal e impacto económico y práctico.
La presidencia de turno que este semestre ocupa Polonia ha tomado la iniciativa de plantear “posponer” la discusión, según han informado a Europa Press varias fuentes diplomáticas.
El punto figuraba en la agenda “para adopción” a petición del Gobierno, que en las últimas semanas intensificó sus contactos con las capitales para defender la oficialidad de las tres lenguas cooficiales a partir de enero de 2027, pero asumiendo el coste total que en el caso del resto de idiomas asume la UE e introduciendo una derogación inmediata para una implementación parcial que excluyera la traducción del grueso de la legislación comunitaria.
Sin embargo, tras abrir el debate el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, varias delegaciones han tomado la palabra para pedir a España que diera marcha atrás en la votación, para poder seguir discutiendo más adelante, habida cuenta de que sigue habiendo dudas legales, económicas y prácticas “sin resolver”, según fuentes europeas.
De hecho, ya en las declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión en Bruselas, varios ministros ya apuntaron sus dudas sobre la idoneidad de votar de forma prematura un asunto sobre el que apenas se ha discutido a 27 y respecto al que persisten dudas, incluso de los servicios legales del Consejo.
Entre ellos, el ministro de Asuntos Europeos de Finlandia, Joakim Strand, ha confiado en no tener que votar y pedido tomar “muy en serio” un tema que, a su juicio, aún no está “maduro”; mientras que sus colegas austríaca, Claudia Plakolm, y sueca, Jessica Rosencrantz, han apuntado las dudas legales y financieras.
