La titular del Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, ha confirmado su decisión de ampliar la investigación contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, al encontrar indicios sólidos de corrupción en los negocios.
En un nuevo auto, la jueza ha solicitado formalmente que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervenga para esclarecer si hubo intento de ocultar el origen ilícito de diversas operaciones económicas asociadas a González Amador.
Sobornos encubiertos y sociedades pantalla
La Fiscalía y las acusaciones populares —PSOE y Más Madrid— mantienen que González Amador orquestó un presunto soborno encubierto, entregando alrededor de 500.000 € a través de la adquisición sospechosa de la empresa Círculo de Belleza SL (luego rebautizada como Masterman & Whitaker) a la esposa de un directivo de Quirón Prevención . Este pago estaría vinculado a la facturación de material sanitario en plena pandemia, operación que se habría beneficiado directamente Maxwell Cremona, su empresa.
La investigación también abarca un presunto fraude fiscal por valor de unos 351.000 €, detectado en las facturas falsas por suministros sanitarios presentadas entre 2020 y 2021.
La intervención de la UCO se considera clave debido a la complejidad y alcance interprovincial de las operaciones económicas implicadas. Su labor incluirá el rastreo de los fondos, análisis de las sociedades intermediarias y colaboración con Hacienda y la Fiscalía para confirmar si existió ocultación del origen del dinero.
Próximos pasos judiciales
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La jueza ha remitido oficialmente la orden para que la UCO emprenda las diligencias correspondientes.
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Se amplía la instrucción en una pieza separada centrada en la supuesta corrupción en los negocios y administración desleal.
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González Amador y las acusaciones podrán presentar nuevos escritos en función de los resultados que aporte la UCO.
Este refuerzo de la investigación judicial representa un paso importante: sitúa a la pareja de la presidenta regional al borde del juicio por presuntos delitos fiscales y de soborno, y abre camino a nuevas pruebas y posibles imputaciones si se confirman los indicios. Las víctimas señaladas en este caso no solo serían el erario público, sino también la integridad de los contratos sanitarios de la Comunidad de Madrid.
