La proposición de ley para conceder la nacionalidad a los nacidos en el Sáhara Occidental bajo administración española ha superado este martes la fase de ponencia, tras los acuerdos alcanzados entre el PSOE, Sumar y los socios de izquierda del Gobierno, y la idea es que el texto se apruebe en el mes de julio en la Comisión de Justicia y en el Pleno.
Esta iniciativa estuvo más de un año en la ‘nevera’ del Congreso y el grupo plurinacional, que fue quien la impulsó, llevaba desde abril tratando de reactivarla ofreciendo a los grupos progresistas, incluido el PSOE, una propuestas de enmiendas transaccionales que agrupara las distintas aportaciones.
En las últimas semanas, PSOE y Sumar han acercado posturas y han acabado pactando una serie de cambios en la redacción original que han sido avalados este martes por la ponencia con apoyo de los socios de izquierda, mientras que Junts ha optado por la abstención. El PP y Vox han votado en contra, pero han quedado en minoría.
La intención de Sumar es llevar la iniciativa a la Comisión de Justicia el próximo 14 de julio, ya en sesión pública, con idea de que esté disponible para votarse en el último Pleno previsto antes del verano, el 23 de julio.
La ley busca conceder la nacionalidad española a los saharauis y sus descendientes que vivían en la antigua provincia española antes del 11 de agosto 1976, bajo dominio español, lo que según Sumar actualmente afectaría a unas 50.000 personas.
PODRÍA BENEFICIAR A 350.000 PERSONAS
La condición de saharaui nacido en esas circunstancias se acreditará por DNI español (aunque no se encuentre vigente), recibo de inscripción en el censo para el Referéndum del Sahara Occidental expedido por la ONU, certificado de nacimiento, libro de familia, certificado de escolarización, pensiones de jubilación o certificados de hospitalización y asistencia médica, entre otros. El PSOE no ha aceptaba dar por buenos los papeles emitidos por el Frente Polisario, que no está oficialmente reconocido como autoridad.
Pero también beneficiaría a los migrantes sahaurais, unos 300.000 según Sumar, que se encuentran actualmente viviendo en España y que sólo necesitaran acreditar dos años de residencia legal y continuada y no tres para solicitar la nacionalidad, igualando los derechos a personas llegadas de Hispanoamérica, a los sefardíes o de otros antiguos territorios españoles.
La solicitud para la adquisición de la nacionalidad no estará sujeta a gravamen alguno y se presentará en el plazo de tres años desde la entrada en vigor de esta ley, que será a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Tras aprobarse el dictamen de la ponencia, la diputada de Sumar Tesh Sidi, de origen sahaurai, ha explicado que los saharauis que actualmemte viven en España están acogidos al Estatuto de Apatridia, lo que, según ha especificado, les imposibilita trabajar, impide que tengan los mismos derechos y alarga los plazos de solicitud de nacionalidad a más de diez años.
PASO TRASCENDENTAL
Para el portavoz de Justicia de Sumar, Enrique Santiago, la proposición de ley ha dado un “paso trascendental” este martes en el Congreso y supone “un primer reconocimiento y reparación” al pueblo saharaui, aunque ha apuntado que la reparación histórica pendiente sigue siendo “hacer todo lo posible” para garantizar su derecho a la libre autodeterminación y a la soberanía en su territorio.
Por su parte, el diputado del PSOE y ponente, Artemi Rallo, ha señalado que el Congreso ha dado un paso “definitivo e irreversible” para reconocer la posibilidad de que los saharauis accedan a la nacionalidad española, coincidiendo con el año en que se cumplen 50 años desde que España abandonó el Sáhara.
Artemi ha recordado que entonces se les dio la posibilidad de acceder a la nacionalidad española, pero no pudieron ejercerla, por lo que ha definido la iniciativa como un acto de “reparación”, “justicia” y “solidaridad” con la causa saharaui. Ahora confían en que Junts –cuya abstención este martes ha sido fundamental para que el dictamen saliera adelante– se incorpore al acuerdo final.
