El Congreso reactiva hoy la tramitación de la ley de vivienda

El Congreso de los Diputados retomará este martes la tramitación de la ley de vivienda un año después de su aprobación en Consejo de Ministros, aunque de momento sólo se ha previsto una reunión a puerta cerrada de menos de media hora de duración, con el compromiso de seguir trabajando para buscar un acuerdo en las próximas semanas.

En concreto, la ponencia de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha sido convocada a las 11.30 horas de este martes, pero deberán terminar antes de las 12.00 horas, que es cuando está programado el inicio del Pleno del Congreso, que es incompatible con cualquier otra reunión oficial en la Cámara.

En ese pleno deberán debatirse y votarse dos decretos leyes del Gobierno, el último paquete de medidas económicas contra la crisis y el de incentivos a la contratación laboral y la prestación especial para artistas.

Pero, en todo caso, la intención de esta reunión es reactivar la tramitación en torno a la ley, que ahora negocian PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu de manera confidencial con vistas a un nuevo encuentro de la ponencia dentro de unas semanas, en el que ya sí se logren pactar enmiendas al texto legislativo, según han confirmado fuentes parlamentarias a Europa Press.

DISCREPANCIAS EN EL GOBIERNO Y CON LOS SOCIOS

El proyecto de ley de vivienda tardó en salir del Consejo de Ministros por diferencias entre los dos socios del Ejecutivo. Llegó al Congreso en febrero de 2022, y, tras superar el debate de totalidad en marzo, tardó dos meses en que se diera vía libre a la presentación de enmiendas parciales, y todo pese a que los dos socios del Gobierno pidieron que se tramitara de urgencia.

Y en mayo Unidas Podemos presentó una serie de enmiendas para modificar el texto que habían pactado en el seno del Consejo de Ministros, lo que volvió a paralizar la tramitación del proyecto de ley. En las últimas semanas, parece que se han ido acercando posturas, lo que justifica la convocatoria de la ponencia.

Uno de los puntos de discrepancia entre los socios del Gobierno era la definición de los grandes tenedores de vivienda, que en el texto original son aquellos que cuentan con más de diez residencias. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana parece ahora dispuesto a rebajar esa cifra, con condiciones. Unidas Podemos quería dejarlo en cinco.

El Ejecutivo también está dispuesto a suprimir el carácter retroactivo de la prohibición de descalificar las Viviendas de Protección Oficial (VPO). Fuentes del Ministerio aclararon a Europa Press que sólo se aplicará a las VPO construidas a partir de la entrada en vigor del texto y no a las anteriores, como recogía la redacción original.

En lo que respecta a otras propuestas, queda por ver la definición final del mercado residencial tensionado. El proyecto de ley explica que esta situación sucederá cuando en una comunidad autónoma el coste de la hipoteca o el alquiler (sumados gastos de suministros básicos) supere el 30% de los ingresos o renta media del hogar.

Asimismo, también se declarará un mercado como tensionado cuando el precio de compra o alquiler de vivienda experimente en los últimos cinco años un crecimiento acumulado superior en cinco puntos al IPC de la comunidad autónoma. Con respecto a este último punto, tanto ERC como EH Bildu presentaron enmiendas para que la brecha se redujera de cinco a dos puntos por encima del IPC regional.

EL PROBLEMA COMPETENCIAL

Otros escollos son los detalles del tope del precio de los alquileres en zonas tensionadas, los incentivos fiscales en el IRPF para estimular el alquiler a precios asequibles, y el ámbito competencial de la ley (ERC quiere garantías de que no anule la ley de vivienda catalana).

De hecho, Esquerra presentó una enmienda de totalidad para ceñir la norma al “ámbito incidental” de las competencias del Gobierno central, ya que “todas las comunidades autónomas tienen asumida en sus estatutos de autonomía, sin excepción, la competencia plena en materia de vivienda”. Su texto alternativo, sin embargo, no superó su tramitación en el Congreso y fue rechazada con 300 votos en contra y solo 28 a favor.