El Gobierno afirma que “por supuesto” respetará la decisión final que adopte la Audiencia Nacional sobre el caso ‘Tsunami’, que investiga al expresidente catalán Carles Puigdemont por un posible delito de terrorismo. Moncloa hace estas declaraciones después de las críticas lanzadas contra el magistrado Manuel García Castellón, titular del Juzgado de Instrucción número 6, por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.
Según indican fuentes gubernamentales, el Ejecutivo demuestra con su actuación su respeto institucional al Poder Judicial, a la separación de poderes y a la independencia de jueces y magistrados en su labor. Afirman además que el Gobierno respeta “siempre” las decisiones judiciales “aunque, en ocasiones, no comparta algunas de ellas”.
“En el caso Tsunami, las decisiones del magistrado fueron recurridas por el Fiscal del caso, por lo que la consideración jurídica de los hechos ocurridos como terrorismo están pendientes de recurso ante la propia Audiencia Nacional. Ese debate jurídico se resolverá por los órganos judiciales y el Gobierno respetará, por supuesto, la decisión final que se adopte”, señalan.
Estas declaraciones del Gobierno se producen horas después de que la vicepresidenta Ribera afirmase que García Castellón tiene “cierta querencia” a pronunciarse en “momentos políticos sensibles”, tras insistir el juez en la tesis terrorista en la causa sobre ‘Tsunami Democràtic’, según indicó en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.
El encontronazo entre la vicepresidenta y el magistrado de la Audiencia Nacional se produce en plena tramitación de la Ley de Amnistía, pactada por el Ejecutivo con Junts y ERC y que beneficiará a los implicados en el procès. Con la redacción actual de la ley, la amnistía beneficiará también a los imputados por delitos de terrorismo que no cuenten con una sentencia firme.
En todo caso, el Gobierno se defiende y asegura que el intervencionismo en el Poder Judicial en España lo practica el Partido Popular, con el “secuestro” del Consejo General del Poder Judicial que lleva cinco años con el mandato caducado. “O el intento de “controlar la Sala Segunda del TS por detrás”, como manifestaron en su día dirigentes del PP”, añaden.
Finalmente, aseguran que el Gobierno defenderá a los jueces y magistrados “de cualquier injerencia en su trabajo, también de los intentos de hacerlo del PP”.
