El portavoz de Justicia e Interior de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, de Izquierda Unida, ha afirmado este miércoles, tras conocerse el auto que imputa por tráfico de influencias al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que es hora de “regular bien todas las actividades” de los expresidentes del Gobierno y ha avisado de que “cobrar por gestiones políticas es delito”.
A su vez, el portavoz adjunto del grupo plurinacional y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha insistido en esta línea y ha reconocido que la resolución judicial “no pinta ni huele bien”, por lo que se necesita como mínimo “muchas explicaciones” sobre las actividades de Zapatero.
Si este martes los distintos portavoces de Sumar veían la imputación de Zapatero como un caso de ‘lawfare’, tras conocerse el auto del juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional el portavoz de Justicia ha preferido incidir en otros puntos. “Lo primero que es necesario en este país es regular bien todas las actividades de los expresidentes del Gobierno. Esa es una cosa que está clarísima”, ha subrayado Santiago.
Y en los pasillos del Congreso, ha añadido un aviso: “Y segundo: desde luego, si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito, claramente”, ha dicho Santiago.
“HACEN FALTA MUCHAS EXPLICACIONES”
Por su parte, Ibáñez ha puesto énfasis en que en España “no se ha hecho bien el trabajo de limpiar las cloacas” pero que ahora toca aplicar el principio de prudencia, dado que el “auto no huele bien” y hacen “falta muchas explicaciones .
Al igual que su compañero de filas, el dirigente de Compromís ha apelado a que se reforme el estatuto que regula la actividades de los expresidentes y ha considerado que “no es normal” que se trabaje en empresas que se dedican a asesorar a multinacionales para ver cómo pueden llegar a las administraciones públicas, “te llames Zapatero o te llames Felipe González o Aznar”.
Cuestionado sobre si esa demanda de explicaciones se extiende al caso del actual presidente, Pedro Sánchez, el diputado de Compromís ha aclarado que este caso “de momento no está en la parte del Gobierno” sino que se ciñe al “lobbismo”, demandado una ley real que regule la actividad de los lobbies.
