El 14-F se acerca y desde Podemos, sobre todo en su federación catalana, los comúns, se sostiene que sería bueno afrontar esas elecciones sin que haya personas encarceladas por su participación en el 1-O de 2017.
En este sentido hay abiertas dos vías, la primera de las cuales son los indultos y la segunda es la reforma de los delitos de rebelión y sedición. La propuesta de Podemos sería exigir que en alguna de estas figuras o en las dos fuera necesario “portar armas” o algún otro tipo de referencia a la fuerza física, para así conseguir que los meros cambios legales o actuaciones no por la fuerza, quedaran excluidas de ese ámbito.
Después de las manifestaciones en días pasado de en ese sentido de Jaume Asens, portavoz de los comuns, hoy la voz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha destacado que su formación es partidaria de reformar cuanto antes el delito de sedición y que se conceda el indulto a los políticos del ‘procés’ en prisión para que puedan hacer campaña en las elecciones catalanas, dado que ello aportaría “salud democrática”.
Una vez vigente esa reforma del Código Penal, sería obligado excarcelar con urgencia a todos los condenados en los que no concurrieran las circunstancias que los nuevos tipos penales contemplasen, en aplicación del principio de la “ley penal más favorable”. Este principio impide que se mantenga la reclusión de personas que, de haber sido juzgados conforme a una ley posterior, hubieran sido condenados a una pena inferior a la condena ya cumplida, o a ninguna pena. En esa situación quedarían, probablemente, los encausados por el 1-O. No obstante, los trámites que toda reforma legal requieren hacen muy difícil que pueda estar vigente antes de las elecciones. La vía del indulto, en cambio, es mucho más rápida.
Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, cree que la pena por sedición puede ser “excesiva” en las conductas “menos lesivas”, por lo que ha apostado por adaptar los tipos penales a la “gravedad de la conducta” en la reforma de los delitos de sedición y rebelión que el Gobierno pretende llevar a cabo.
Por ello, ha apuntado que “dentro de los delitos de rebelión y sedición puede haber conductas distintas”, por lo que en el caso de las conductas “menos lesivas para el bien jurídico” la “respuesta penal actual” puede ser “excesiva”. “Pero todo eso hay que estudiarlo en la reforma”, ha apuntado.
Grande-Marlaska, que ha pedido esperar a la propuesta que salga del Ministerio de Justicia, ha dejado claro que, en cualquier caso, la reforma de sendos delitos no se lleva a cabo “para rebajar las penas”, sino para adecuar los tipos “a lo que se entiende que es el momento actual” y contar con “penas razonables en parámetros de proporcionalidad”.
Así, el ministro ha reconocido que la rebelión y la sedición son delitos de una “gravedad importante” al verse en peligro el “orden constitucional”. “No es un delito menor, lo que pasa es que hay momentos en que hay que adaptar los tipos a la realidad…”, ha continuado.
