El Pleno del Congreso ha rechazado este miércoles una moción de Vox en la que se instaba al Gobierno a expulsar a inmigrantes ilegales, repatriar a menores migrantes no acompañados y a confiscar el barco de la ONG Open Arms, una iniciativa que sólo ha contado con el apoyo de los de Santiago Abascal.
La iniciativa era una moción consecuencia de interpelación urgente que la diputada de Vox Rocío de Meer dirigió la pasada semana al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la política del Gobierno en materia de inmigración.
El texto pedía “poner fin a las políticas efecto llamada, fronteras abiertas y de connivencia con la inmigración ilegal” que, a su juicio, impulsa el Gobierno.
Asimismo, Vox solicitaba expulsar “con carácter urgente” a “todos los inmigrantes que han accedido ilegalmente en España”, que se repatríe a los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen, con sus familias y desplegar “cuantas acciones sean precisas” para la “confiscación” de los barcos de la ONG Proactiva Open Arms “por su implicación en el tráfico ilegal de personas”.
El texto apostaba también por retirar toda ayuda o subvención a las entidades que colaboren directa o indirectamente con la inmigración ilegal, condicionar las concesiones en este sentido, e impulsar “todas aquellas medidas necesarias” para perseguir a las mafias que se lucran con la inmigración ilegal, así como a todas las organizaciones que colaboren con sus fines.
“IDENTIFICAR Y BLOQUEAR” RUTAS DE TRÁNSITO
También solicitaba reforzar los controles migratorios en todas las fronteras de España y llamaba a dotar de más medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en esta labor, así como a facilitar la implicación de las Fuerzas Armadas.
Además del fomento de los acuerdos bilaterales con los países de procedencia de los “inmigrantes ilegales”, prioritariamente, de África, la moción incluía un mandato al Gobierno para “endurecer la legislación para combatir la regularización masiva de inmigrantes ilegales y el efecto llamada” y para cambiar la normativa sobre asilo con el fin de “evitar el fraude de ley en las solicitudes de protección internacional”.
