La Audiencia de València ha dictado sentencia contra el expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, condenándolo a diez años y cinco meses de prisión por su implicación en el presunto cobro de comisiones ilegales relacionadas con la privatización de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) y la adjudicación del Plan Eólico. Esta sentencia llega cinco meses después de la finalización del juicio y marca un punto clave en uno de los casos más mediáticos de la política valenciana.
Una red de corrupción desmantelada
Además de Zaplana, el fallo judicial también condena a otros actores clave involucrados en este esquema de corrupción. Entre ellos, se encuentran Juan Francisco García, exjefe de gabinete de Zaplana; Joaquín Barceló “Pachano”, amigo de juventud y testaferro confeso del expresidente; y los empresarios Vicente y José Cotino Escrivá. Todos ellos admitieron ante la Fiscalía Anticorrupción su participación en la trama, confesando haber amañado contratos a través de sociedades pantalla en Luxemburgo y gestionado el retorno de fondos hacia cuentas en paraísos fiscales como Andorra, Panamá, Suiza y Holanda.
Un juicio histórico
La sentencia pone fin a una era de la política valenciana dominada por el zaplanismo, corriente interna del Partido Popular que marcó el auge de las privatizaciones y la organización de grandes eventos en la Comunidad Valenciana. Los hechos por los que se ha juzgado a Zaplana y a su círculo cercano tuvieron lugar entre 1995 y 2002, cuando él presidía la Generalitat. Posteriormente, Zaplana migró a la política nacional como ministro de Trabajo. A pesar de que las irregularidades investigadas representan una pequeña parte de los contratos adjudicados durante su mandato, el juicio simboliza el desmantelamiento de una etapa prolongada de poder del Partido Popular en la región.
Entre el 21 de marzo y el 23 de mayo de 2024, la sección cuarta de la Audiencia de València analizó en detalle dos contratos: la privatización de las ITV y la adjudicación del Plan Eólico. Aunque en comparación con el volumen total de adjudicaciones durante el gobierno de Zaplana estos casos pueden parecer insignificantes, representaron una oportunidad crucial para investigar a fondo una trama más amplia de corrupción.
Las declaraciones de Zaplana
En su defensa, Eduardo Zaplana negó todas las acusaciones. Durante el juicio, insistió en que “no cometió ninguna ilegalidad” mientras presidía la Generalitat y aseguró no haber tenido nunca dinero en el extranjero. Además, alegó desconocer los detalles sobre las empresas de su amigo Joaquín Barceló, quien había creado varias de ellas con la ayuda del asesor fiscal Francisco Grau, presunto cerebro financiero de la trama.
A pesar de las declaraciones de Zaplana, la confesión de los otros acusados fue clave para el veredicto. Joaquín Barceló y Juan Francisco García, junto con los hermanos Cotino, reconocieron haber participado en el amaño de contratos y haber gestionado los fondos ilícitos a través de complejas estructuras financieras internacionales.
Sentencias y penas
La Fiscalía Anticorrupción solicitaba inicialmente una condena de diecisiete años de cárcel para Eduardo Zaplana, aunque la retirada de la acusación por falsedad documental redujo la pena a la que se enfrentaba. En el caso de otros implicados, como José Luis Olivas, la acusación también fue rebajada. La sentencia final recoge penas más leves para los confesos: Joaquín Barceló, Juan Francisco García y los Cotino cumplirán un año y ocho meses de prisión, además de pagar multas por un total de 11 millones de euros.
Este fallo judicial marca un hito en la lucha contra la corrupción en la política valenciana y cierra un capítulo importante en la historia reciente de la Comunidad. El zaplanismo, que durante dos décadas moldeó la vida política y económica de la región, ha visto caer a sus líderes bajo el peso de la justicia.
