Los rumores sobre el comunicado ‘inmimente’ que los medios llevan semanas esperando sobre Casa Real han dado un giro de guión en las últimas horas. Cuando parecía que Felipe VI retiraría el título de emérito a su padre, le expulsaría de la Zarzuela y, según algunos analistas, podría introducir medidas de control para evitar que vuelvan a replicarse estos escándalos, hoy varios medios apuntan a que finalmente no sería así.
El Español afirma que será Juan Carlos quien enviará un comunicado a la ciudadanía donde él mismo anunciaría que abandona Zarzuela, evidentemente un movimiento pactado con Casa Real, ya que el ’emétito’ se niega a sufrir la repudia pública de tener que salir ‘por la puerta de atrás’.
Según el digital, Felipe VI ha dado orden de esperar la decisión del fiscal del Supremo para lanzar el comunicado, desde el bufete de Javier Sánchez-Junco (su abogado).
Fuentes del Español comentan que Juan Carlos estaría bastante cabreado por las insinuaciones de expulsión de Zarzuela, y que ha pronunciado la siguiente frase:
“Esta ha sido mi casa durante 58 años y nadie es quien para echarme de aquí”
Sobre cuál podría ser su destino final, se especula con una salida temporal del país (inicialmente una salida hacia República Dominicana u otro territorio pero finalmente haría vida entre España y otros países, aunque la opinión pública no sea consciente de sus idas y venidas). También se habla de la recaudación de un fondo de ‘solidaridad’ entre su grupo de amigos para pagarle los gastos de una estancia en nuestro país (seguridad, alquiler, etc). Otras voces hablan de su traslado a Sanxenxo o la residencia con sus hijas.
El Español también afirma que Felipe VI no es partidario de retirarle el título a Juan Carlos, y lo habría confirmado con estas palabras:
Se trata de una persona de 83 años, enferma; a veces se olvida de que estamos hablando de alguien muy mayor
Felipe VI, según El Español
Por otro lado El Confidencial afirma que Juan Carlos estaría estudiando la forma de regularizar su situación fiscal y evitar así un juicio público, mediante la regularización fiscal voluntaria, un procedimiento que permite la Hacienda pública española.
