La familia Franco ha presentado un recurso de apelación contra el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña por el que el Estado pasó a ser depositario de los bienes del pazo de Meirás, a la espera de una sentencia definitiva.
En un escrito de 38 páginas, los herederos del dictador piden que el auto sea “íntegramente revocado”, con imposición de costas a la parte actora y condenar a la misma a indemnizarles con los “daños y perjuicios ocasionados” a raíz de las citadas medidas cautelares.
Entre otros argumentos, sostienen que “las cosas, bienes u objetos” no están “físicamente anexionados al inmueble objeto del litigio” y añaden que “por tanto, de ninguna manera constituyen partes integrantes o componentes materiales” del Pazo.
IMPROCEDENCIA
Entre otras cuestiones, argumentan “improcedencia” de las medidas cautelares por el momento procesal en el que se solicitaron por parte del Estado. Por otra parte, sostienen que las referencias a “elementos, componentes o aspectos” del inmueble declarado Bien de Interés Cultural (BIC), deben circunscribirse “exclusivamente, a lo que (…) conforma el propio inmueble y no a los bienes muebles que haya en su interior”.
En su escrito, cuestionan también, entre otros aspectos, el inventario realizado por la técnico de Patrimonio Nacional al considerar que se convirtió en “una suerte de informe pericial concerniente a la titularidad o propiedad de los bienes a inventariar”.
