El PP pide una comisión de investigación sobre “la niñera” de los Montero-Iglesias

El PP pretende que el Congreso debata este mes su solicitud para abrir una comisión de investigación por el caso de la asesora del Ministerio de Igualdad que presuntamente hace de niñera de la hija pequeña de su titular, Irene Montero, con la que persigue que se depuren responsabilidades por el presunto uso de fondos públicos para fines particulares.

Los ‘populares’ registraron este lunes su propuesta y este martes ya ha sido calificada por la Mesa del Congreso, según ha confirmado su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, quien ha confirmado que su idea es llevarla ya a la reunión de la Junta de Portavoces de la próxima semana para que pueda ser incluida en el orden del día del siguiente Pleno, en la semana del 16 de marzo.

“EL MINISTERIO DEL CUIDADO” DE LA FAMILIA IGLESIAS-MONTERO

En rueda de prensa desde la Cámara Baja, Gamarra ha subrayado que este es un asunto “de máxima gravedad” que requiere conocer si el Ministerio de Igualdad se ha convertido en un departamento “para el cuidado de la familia” particular de Montero y del vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, a cuenta de todos los españoles.

En su iniciativa, el PP recuerda que, según un informe remitido por la ex abogada de Podemos Mónica Carmona al juez del caso Neurona, Montero habría utilizado de forma irregular a una asesora de nivel 30 del Ministerio de Igualdad, la exdiputada María Teresa Arévalo Caraballo, como niñera de su hija pequeña.

Además, en dicha denuncia, añade el PP, también se señalaba a la ministra por haber acondicionado un despacho contiguo al suyo como “sala de juegos” para sus hijos. La Fiscalía de Madrid ya ha solicitado al citado juez del caso Neurona la apertura de una línea de investigación separada con la denuncia interpuesta por la ex letrada de la formación morada.

En el PP sostienen que este caso podría suponer “una presunta malversación de caudales públicos”, en el tipo penal denominado malversación impropia, puesto que implica “destinar fondos públicos para la satisfacción de necesidades y fines particulares, o podría implicar “responsabilidad por alcance ante el Tribunal de Cuentas por un mal uso de fondos públicos”.

Artículo elaborado por EM a partir de la información suministrada por Europa Press