Si algo ha sido complicado de gestionar en los meses del COVID-19 ha sido la relación entre los distintos estados europeos y el conjunto de la Unión. Cada gobierno ha ido un poco (o un mucho) por su cuenta, intentando ganarse a su propio electorado, y haciendo poco caso a las necesidades del conjunto del continente. Las manifestaciones públicas de algunos primeros mandatarios se han hecho básicamente para consumo interno, y la consecuencia de todo ello ha sido una imagen de insolidaridad y división que no ha favorecido al prestigio de las instituciones comunitarias.
Pero ahora, pasado el primer y brutal golpe de la enfermedad, toca pasar de las palabras a los hechos y apostar por la recuperación. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha tomado el mando y propone la implementación de un Plan Europeo de Reconstrucción que se concretaría en 500.000 millones de euros en transferencias y otros 250.000 en préstamos que ayuden a salir adelante a los estados.
Como siempre, el problema del plan serán “los detalles”, en los que el diablo meterá cizaña y obligará a realizar, una vez más, sesiones maratonianas de negociación a las que tanto nos tienen acostumbrados en Bruselas. Casi la mitad de los fondos, según los planes iniciales, se los llevarían los grandes damnificados por la pandemia en el continente: Italia y España. En nuestro caso, podrían concretarse en más de 75.000 millones de euros en efectivo, y más de 60.000 en préstamos. Estas cifras, realmente enormes, y que alcanzarían dimensiones de más del 10% del PIB, suponen, en la practica, un aporte de fondos parecido a la pérdida de productividad que experimentaremos, según las estimaciones más moderadas, en el propio 2020. Además, independientemente de estas líneas están esas otras, ya acordadas hace semanas, para otorgar liquidez al sistema, y que parten de la iniciativa del Consejo Europeo.
¿Cómo encajar estos planes, extremadamente ambiciosos y profundamente antiliberales en su concepción, con las finanzas europeas? ¿Y cómo hacerlo en el marco de la economía de unos países, los más afectados, cuyas propias cuentas públicas superan con creces el 100% de endeudamiento respecto a su PIB? ¿No se verá puesta en tela de juicio la propia credibilidad de la Unión y su capacidad financiera en un contexto internacional donde muchos otros países nos están tomando la delantera?
El desafío que se abre para los próximos meses es doble: por un lado, conseguir vencer las reticencias de los países del norte, que están dispuestos a ser solidarios pero no a cargar con un lastre excesivo, y, por otro, otro aún mayor. Es necesario responder a la gran pregunta: ¿de dónde, con qué mecanismos fiscales o de otro tipo, podrá la Unión Europea, extraer semejante cantidad de fondos?
